Hace 7 años comenzó un proceso de consultas, audiencias, reuniones y encuentros nacionales para transformar la Ley Nacional de Sida en la Ley de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis, Infecciones de Transmisión Sexual y Tuberculosis. Esta actualización tiene que ver con darle un rol protagónico al enfoque de los derechos humanos a la respuesta en salud, poner de manera activa fin a la discriminación, priorizar el desarrollo y la producción pública de tecnologías y medicamentos que garanticen la sostenibilidad de las políticas. También implica la participación de usuaries y del activismo territorial, primera línea de respuesta a los problemas, y la reparación de quienes vieron agravada su calidad de vida por la discriminación y falta de políticas. La palabra clave es “integral”. Escribe Matías Muñoz, de la Asociación Ciclo Positivo.
La Argentina fue pionera en 1990 al sancionar una Ley Nacional de Sida que dio respuesta desde el Estado a una pandemia que arrasaba con cientos de miles de vidas en todo el mundo. La 23.798, aún vigente, junto al Fallo Benghalensis de la Corte en 2000, obligaron al Estado Nacional a proveer de forma gratuita los medicamentos, estudios de seguimiento y métodos de prevención para todos y todas. Sin embargo, en 40 años de pandemia, el problema no fue solucionado. Si bien sabemos que una persona con VIH, tomando su tratamiento, puede tener una buena calidad de vida e incluso no transmitir el virus a otras personas, los determinantes sociales de la salud y, sobre todo, la discriminación y el estigma asociados al virus hacen que aún hoy en nuestro país, casi 1800 personas sigan muriendo año a año por enfermedades relacionadas al Sida.
En 2014, un equipo dentro del Ministerio de Salud de la Nación comenzó a trabajar en un borrador para modificar esta ley. Se buscaba que una vez más la Argentina fuera pionera en la respuesta desde el derecho y la política pública a una pandemia que requería otra respuesta a lo largo de la historia. Es allí cuando comenzó este proceso de consultas, audiencias, reuniones y encuentros nacionales que, con el acompañamiento del Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, busca transformar la Ley Nacional de Sida en la Ley de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis, Infecciones de Transmisión Sexual y Tuberculosis.
1- Nueva Ley, nuevo enfoque
Una de las principales razones por las cuales se busca actualizar la 23.798 tiene que ver con darle un rol protagónico al enfoque de los derechos humanos a la respuesta en salud. Es decir, correrse de la mirada biomédica actual y, al mismo tiempo, que las políticas públicas sean coherentes con las necesidades básicas de la población: prestar atención a los determinantes sociales de la salud, a la pobreza, al estigma y la discriminación. El proyecto cuenta también con un capítulo sobre mujeres y personas con capacidad de gestar, que apuntala los derechos reclamados y conseguidos por los feminismos en los últimos años, pero también visibiliza una realidad de mayor exclusión y violencia hacia quienes transitan el sistema de salud siendo mujeres positivas. Además, este proyecto incluye otras problemáticas de salud, tales como las hepatitis virales, que no están reconocidas en todo el ordenamiento jurídico; o infecciones como la sífilis y la tuberculosis, que se creen erradicadas, pero que son de muy alta prevalencia en nuestro país. En resumen, se trata como en los 90, de una ley de avanzada que pretende escalar en la región en clave de ampliación de derechos.
2- Pongamos fin a la discriminación
El estigma y la discriminación asociados al VIH son de las principales barreras para acceder a la salud integral. En ese sentido, este proyecto propone una serie de políticas que van desde la creación de un observatorio específico en la órbita del INADI, hasta políticas específicas para los ámbitos de consumo, el educativo y el laboral. En este último punto, una de las medidas más pedidas por las comunidades afectadas es la prohibición del test de VIH en los exámenes para ingresar a un empleo. No existen razones para no permitirle a una persona con VIH acceder a un empleo formal, sin embargo las organizaciones reciben cada año cientos y cientos de denuncias. Estas, junto con los casos de discriminación laboral (a personas que ya trabajan en las empresas) fueron acrecentándose durante la pandemia de COVID-19.
3- Vamos por la producción pública de medicamentos
El proyecto también declara de interés público el desarrollo de tecnologías locales y la investigación para la producción nacional y pública de medicamentos e insumos que garanticen la sostenibilidad de las políticas en el marco de una estrategia de soberanía sanitaria. Además, si el proyecto se convierte en ley se declararán de interés público y nacional los medicamentos, vacunas, formulaciones pediátricas, procedimientos y productos médicos para la prevención, diagnóstico, tratamiento y cura del VIH y las demás problemáticas comprendidas en él. Esto será una herramienta fundamental para evitar desabastecimientos y falta de cobertura, no solo en el sistema público sino en todos los subsistemas de salud (obras sociales y prepagas incluidas).
4- Participación de la sociedad civil en las políticas
Si hay algo que la sociedad civil del VIH y las hepatitis viene demostrando hace décadas es que tenemos la capacidad de conocer el campo, realizar diagnósticos de los problemas y actuar con rapidez cuando es necesario. Quedó demostrado con la pandemia de COVID-19 y la acción articulada de las organizaciones de territorio para repartir alimentos, acercar medicamentos, ayudar con los turnos virtuales y un sinfín de reorganizaciones a las que nos vimos expuestas. El proyecto busca instituir, como tienen la mayoría de los países de la región, una Comisión Nacional que sea interministerial y también intersectorial, que incluya a todos los sectores que trabajamos en la respuesta a las Infecciones de Transmisión Sexual y la Tuberculosis. Por eso, esperamos que esta ley sea la oportunidad para hacer oír la voz de quienes estamos en el territorio y que eso se traduzca en políticas públicas diseñadas y monitoreadas por sus destinatarios.
5- Y por último… que nadie quede atrás
El proyecto prevé un componente muy importante para atender a las personas en mayor situación de vulnerabilidad social. Por ello, establece la posibilidad de acceder a una pensión no contributiva a aquellas personas con VIH que no tengan las necesidades básicas satisfechas. Es decir, aquellas personas que no cuenten con un empleo formal o bienes registrables a su nombre, podrán acceder a un ingreso que equivale al 70% de una jubilación mínima para poder afrontar los gastos que conlleva el seguimiento y tratamiento de una patología crónica.
Además, establece la jubilación anticipada para aquellas personas que tienen el virus desde hace muchos años y no logran conseguir los años de aporte suficientes. Esta medida está fundada en el envejecimiento prematuro que tanto el virus como el tratamiento generan, pero sobre todo está justificada con los años de discriminación en el acceso al empleo de las que fueron víctimas las personas que hace 20 o 30 años viven con el virus. Esta medida funcionará no sólo como paliativo para adultes mayores que tienen muchas más comorbilidades, sino también como reparación por décadas de exclusión del mercado laboral a causa de la discriminación.
En la otra punta de la vida, el proyecto busca también proteger y dar protección especial a quienes hayan nacido con VIH. Personas a quienes en los ’90 no se les daba más de 6 meses o 1 año de vida, hoy ya son niñes, adolescentes y hasta personas adultas con proyectos de vida. Es más que necesario que el Estado preste atención a los procesos de transición entre la atención de la salud pediátrica y la adultez, momento fundamental en la vida de una persona con alguna patología crónica.
Pero no todo son buenas noticias, el proyecto con dictamen eliminó (consecuencia del lobby del movimiento abolicionista del trabajo sexual) el listado de poblaciones clave y poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad. Han sido eliminados como tal del texto de la ley grupos tales como personas LGBT+, personas que ejercen el trabajo sexual, usuarias de sustancias, en situación de encierro y/o que hayan nacido con VIH o hepatitis C, que están en mayor estado de indefensión no solo en el sistema de salud, sino por la exclusión y hasta en muchos casos criminalización a la que están expuestas. Es por esto que será necesario trabajar en el recinto y en la reglamentación para que estas poblaciones puedan ser destinatarias de las políticas focalizadas que merecen, para no dejar a nadie atrás.
El próximo miércoles 17 de noviembre, el proyecto de ley será tratado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación, presidida por el Diputado Carlos Heller. De allí puede pasar al recinto y obtener media sanción para evitar que, por tercera vez, vuelva a perder estado parlamentario.
800.000 personas reclamaron su tratamiento el pasado 6 de noviembre en la marcha del orgullo más multitudinaria que haya existido en la historia de nuestro país. Es hora que los diputados y las diputadas argentinas estén a la altura de la necesidad local, regional y global de contar con un nuevo marco normativo que le dé a la atención de la salud, una perspectiva más amplia, desde el enfoque de los derechos humanos.
El mundo necesita de esta ley y, para eso, no hay más tiempo.
*Activista y abogado. Presidente de la Asociación Ciclo Positivo y Coordinador del Capítulo Argentina de la Alianza Mundial contra el Estigma y la Discriminación Asociados al VIH.